El 22 de febrero pasado, 51 personas perdieron la vida cuando un tren perteneciente a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) de la línea Sarmiento chocó violentamente al arribar a la estación “Plaza Once” de la Ciudad de Buenos Aires. Otros 700 pasajeros resultaron con heridas de diversa consideración.
Lamentablemente no es el primer accidente ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires con resultado trágico que involucra a empresas concesionarias de servicios públicos, que acumulan una larga lista de irregularidades e incumplimientos contractuales ante la pasividad e inacción de las autoridades nacionales encargadas de la fiscalización y control.
El Partido Socialista ha denunciado en numerosas oportunidades el perverso funcionamiento del sistema de los servicios públicos concesionados donde, desde la década de los noventa, se mantiene una connivencia mafiosa entre funcionarios y empresarios donde los perjudicados siempre son los mismos: los usuarios. Entes de control permanentemente intervenidos por el Estado que nunca defienden al usuario, subsidios millonarios pactados “entre cuatro paredes sin ningún tipo de control alguno”, y oscuros funcionarios con causas judiciales por enriquecimiento ilícito y otros delitos graves, son sólo algunos de los rasgos salientes de este modelo que ha desnudado con particular crudeza la tragedia de once.
Una de las garantías más relevantes que debe brindar una empresa prestadora del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros (y del transporte en general), es la seguridad e integridad física de las personas que transporta. Y ello se logra cuando se garantiza un funcionamiento integrado y armónico de diversos factores, como ser personal técnico capacitado, señalizaciones adecuadas, estaciones en perfecto estado, material rodante en óptimas condiciones, vías en condiciones, etc. Cuando a esto se le suma el control y fiscalización del mantenimiento y actualización de los elementos enumerados, los riesgos se reducen significativamente.
Desde la privatización del sistema ferroviario, además del aporte primario estatal, las empresas concesionarias no sólo se han visto beneficiadas por las sucesivas renegociaciones contractuales sino también con millonarios subsidios estatales. A pesar de ello, las inversiones y obras comprometidas fueron quedando de lado.
El accionar de las empresas se ha caracterizado por el sistemático incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los contratos de concesión, en particular de su responsabilidad en el mantenimiento y la inversión en señalización, vías, material rodante e infraestructura, comprometiendo así no sólo la eficiencia y calidad del servicio sino la seguridad de los usuarios.
El Partido Socialista sostiene que es imprescindible que el Estado Nacional ejerza el adecuado control y fiscalización del transporte de pasajeros a través de una firme política de regulación de los servicios públicos concesionados, que garantice a los usuarios condiciones adecuadas tanto en calidad como cantidad del servicio.
Para avanzar en esa dirección, el PS entiende que es necesario:
· Sancionar un marco regulatorio de los servicios públicos concesionados,
· Exigir que la Comisión Nacional
· Anular el Contrato de Concesión con TBA de las ex Líneas Mitre y Sarmiento por reiteradas y graves incumplimientos contractuales, reasumiendo el Estado la explotación del servicio, en cuya dirección debe incorporarse los representantes de los trabajadores del sector y de los usuarios.
Realizar una auditoría contable a fin de determinar detalladamente el destino de los subsidios entregados, y deslindar responsabilidades en relación a la posible malversación de los mismos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2012
